En estas últimas semanas los medios reflejaron diferentes episodios de inseguridad que pusieron a Las Talitas en boca de todos, asociada a la inseguridad por la delincuencia. Incluso, se la calificó por la Policía en el mapa del delito que diseña como una “zona roja”.
En charla con funcionarios policiales nos señalaron que la “zona roja” se ciñe a algunos barrios, que el número y tipo de hechos delictivos son idénticos a los que suceden en toda la Provincia, y que la causa que potencia el delito es la drogadicción. “Las peleas por el territorio, los tiros y los ajustes son situaciones cotidianas directamente relacionados con las ventas de drogas”, afirman.
Los perjuicios contra la propiedad de los ciudadanos y de su integridad física se multiplican por hora y ello, sin lugar a dudas, evidencia que estamos viviendo tiempos de crisis en materia de seguridad. La población reclama medidas urgentes y decididas.
Sabido es que son muchos y complejos los factores que facilitan la delincuencia que padecemos: la desigualdad social, las adicciones, la lentitud de la Justicia, la corrupción, por mencionar solo algunos. Y en nuestra Ciudad, puntualmente, padecemos la falta de presencia policial. Siempre, indudablemente, la presencia de un efectivo en la calle tiene un efecto disuasorio en el delincuente. Lamentablemente, no hay suficientes efectivos designados en nuestras comisarías, ni cuentan con suficientes móviles. Es destacable que la Municipalidad haya dispuesto la reparación de motocicletas de la Patrulla Motorizada, pero el Gobierno Provincial, que declaró por ley la Emergencia en Seguridad, debiera dotar de más efectivos y móviles a la periferia del Gran San Miguel (incluida Las Talitas, por supuesto), sobre todo, teniendo en cuenta la cantidad de habitantes y la extensión que tiene nuestra jurisdicción municipal.
Una pequeña digresión: creemos conveniente, también, que en las escuelas primarias se aborde el tema de la drogadicción. Mínimamente en el segundo ciclo (4°, 5° y 6°) debieran darse contenidos relacionados a los perjuicios que genera el consumo de drogas ilegales.
El Estado debe cumplir con su obligación de brindar seguridad al pueblo y hoy, en esta materia, el mismo que nos coacciona a cumplir con las obligaciones tributarias, se encuentra ausente, lamentablemente.