Se realizó el desalojo de 160 familias en El Colmenar
En la mañana del jueves 3 de septiembre, en un predio de cuatro hectáreas situado en Williams Cross al 3.300 de El Colmenar (en el lado norte de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres), hubo algunos incidentes entre la policía y los ocupantes, que se resistían a desalojar el lugar.
En este sitio se realizó el asentamiento de aproximadamente 160 familias y que desde un principio habían manifestado estar dispuestos a comprar, aunque sin los requisitos usuales que exige el Instituto Provincial de la Vivienda, porque la mayoría no tenía empleo fijo y no tenían recibo de sueldo. Con ese afán se abocaron al desmalezamiento de esas hectáreas, un loteo informal y al demarcado de unas calles que lo atravesaban.
A pesar de haber recibido estas familias diversas notificaciones judiciales tendientes al desalojo del predio, se habían negado a abandonarlo.
Según lo establecidos por ley, el miércoles 2 se cumplieron los últimos días de plazo, razón por la que el día jueves 3 se procedió a ejecutar la orden de desalojo.
A las 8.00 de la mañana llegaron a la zona alrededor de 300 policías. Hubo gritos, empujones y forcejeos. Sin embargo, la situación se calmó cuando se autorizó unas horas de plazo para que los ocupantes desarmaran sus precarias viviendas.
El Puente publicó el 15 de julio del año pasado, en base a una información emitida por Canal 8, que el predio pertenecería a una persona de apellido Mena y que los ocupantes habían manifestado que “no se irían, porque no tenían otro lugar para vivir”.
En el lugar se presentó el concejal Luis Córdoba, quien manifestó que había tenido oportunidad de conversar con la doctora Adriana Giannoni, quien le informó que la causa ya tenía años de antigüedad y que el desalojo tendría que haberse hecho mucho tiempo antes. En sus declaraciones, que fueran realizadas a través de LV 7, el edil afirmó que la gente que habitó el predio "estaba mal informada".
El acta judicial que ordenaba el desalojo fue leída y la Policía procedió a cumplirla.
Finalmente, el concejal sostuvo que se trata de un enfrentamiento entre "alguien que está trabajando contra quienes luchan por los que creen que son derechos adquiridos".
Fuente: LV7 Radio Tucumán
Denuncian al Intendente Luis A. Morghenstein por malos tratos a empleados
Nota a distintos gremios (Sutep, UPCN, al gremio Municipal) y también al Concejo Deliberante
Con fecha del viernes 4 de Setiembre de 2009 se presentó una denuncia en contra del Intendente de nuestra ciudad, Ing. Luis A. Morghenstein, en virtud de que habría una serie de irregularidades en su trato con el personal municipal.
Entre otros conceptos, a través de la misma se hace una breve referencia a distintos casos puntuales propinados por el Intendente. Por ejemplo, el “despido y maltrato a la compañera Graciela López” –según la denuncia- “para no cumplir con las promesas políticas que Morghenstein le había hecho en la campaña electoral”.
También, se señala que se dejó sin funciones a Patricia Inés Olmedo, categoría 23, planta permanente, con 23 años de servicio y carrera administrativa intachable desde hace más de 4 años, que era Directora General de Despacho. Olmedo se encontraría desde entonces con tratamiento psicológico y psiquiátrico.
Se menciona en la nota, además, persecución, maltrato y humillaciones a Mirta Helguero, que fue obligada a “tomar descansos compensatorios con el solo fin de interrumpir su carrera administrativa”.
Entre otros de los casos que se señalan aparece que desde diciembre de 2005 a la fecha, Rossina Bignoli de Seco cumple horario laboral sin funciones, hecho que la llevó a un tratamiento psicológico por trastorno depresivo evolutivo, confirmado por una junta médica del Hospital Padilla.
Por su parte, Sandra Aguilar, quien se hallaba como responsable del Área de Discapacidad, para organizarla y gestionarla, entre otras funciones, denuncia que “sin motivos, la Directora de Acción Social (y actual legisladora provincial), Adriana del Valle Najar, la trasladó al CAM del Barrio Gráfico II y al del Parque Independencia, habiendo recibido explicaciones sólo del Secretario de Gobierno, Dr. Sergio Rossi, que la medida se adoptó “porque como las dos tienen carácter fuerte, la debían trasladar a otro lado”. Sandra Aguilar actualmente está cesanteada por decreto nº 529 del 28 de agosto, luego de una permanencia de 7 años y 11 meses de trabajo.
La nota, que fue presentada ante los sindicatos SUTEP, UPCN, y a Alberto Carrizo, secretario general del Sindicato Municipal, destaca, además, que “hay 6 empleados municipales cumpliendo horario sin funciones en el Cementerio, cuando sólo es necesario uno”.
No deja de plantear interrogantes hipotéticos respecto del modo de acción del Intendente con el personal municipal: “¿per-secución política?, ¿discri-minación?, ¿sometimiento?”. Asimismo, un interrogante apelativo “¿cuáles son los motivos?”, que justifiquen que “haya más de 20 empleados municipales de planta permanente, sin designación de funciones en la institución” y que paradójicamente (el Intendente) “cubra puestos de trabajo con compañeros con una mísera suma fija de $ 550 o un plan social de $ 350, sin esperanza de un contrato”.
La nota aborda otra paradoja en lo administrativo, al señalar que “contamos en la institución con 7 compañeros categoría 24 PP, sin función por persecución política”, sin embargo, “nombra 12 coordinadores sin función específica, ya que los mismos no se encuentran contemplados en ningún organigrama”.
De todo lo señalado, es con el caso de Sandra Aguilar donde la denuncia adquiere un sesgo de dramatismo mayor, ya que –siempre según el texto- ella se presentó en la Intendencia el lunes 31 de agosto a solicitar explicaciones sobre su despido y que en la ocasión “fue agredida verbalmente, (y además) de intento de agresión física por parte del Intendente Morghenstein, que fuera impedido por el Secretario de Gobierno”.
Esta misiva, además de los gremios mencionados anteriormente, también fue girada al Concejo Deliberante. En su último acápite señala que “queda demostrada la falta de sensibilidad y racionalidad del Intendente, la falta de conocimiento del Estatuto del Empleado Público y de los derechos constitucionales de los empleados”, además de señalar que “destruyó administrativamente (al Municipio) y sólo realiza obras que vienen de la Provincia”. Y se solicita la intervención de “los estamentos que correspondan” a fin de cesar la “constante discriminación y persecución que sufren los compañeros municipales”.
El texto completo de la denuncia se halla publicado en el blog http://www.pjtalitense.blogspot.com/.