El 2009 inició con una suba en la tarifa de la luz que, en el caso de Tucumán, implica un doble aumento: por un lado, un 12% autorizado por el Gobierno provincial, aunque retroactivo al mes de mayo de 2008, que eleva el porcentual hasta 40; y por otro, debido a una medida nacional porque dejan subsidiarse a las empresas distribuidoras de energía eléctrica; resolución nacional que persigue que los usuarios que más consumen paguen más por el servicio eléctrico, beneficiando a los que gastan menos electricidad.
Sin embargo, como resultado, a los usuarios a los que les está llegando la factura de la luz constatan incrementos que rondan el 100% y en muchos casos superan el 200%. Lamentablemente, la experiencia indica que tras el aumento de la luz se inicia un vicioso círculo de aumentos que bajo el argumento de “readecuar gastos” encubre una real inflación.
Si bien la medida nacional de corte de subsidios sobrevino al Programa de Uso Racional de Energía Eléctrica (PUREE), que se lleva a cabo con la finalidad de mejorar las condiciones de abastecimiento interno de electricidad y promover su uso racional -entre las cuales se puede citar el canje de focos de bajo consumo por incandescentes, facilidad para la compra de heladeras de bajo consumo, etc.-, la empresa tucumana, EDET SA, no sólo efectuó aumentos a usuarios de la franja que mayor consumo tienen. En los hechos pareciera que aplica aumentos irracionalmente a todos.
Y he aquí que surge patente, por lo menos en nuestra Provincia, la indefensión de los usuarios: La inacción del Entre Regulador de Energía de Tucumán (EPRET), más que defensor de los derechos de los usuarios, cierne sobre él la sospecha de complicidad con EDET SA.; y la Legislatura, ni el Defensor del Pueblo, Dr. García Mena, parecieran poder efectuar un control adecuado. Resulta obvio, entonces, que la respuesta depende del Gobernador Alperovich. Si con su consentimiento y sus legisladores oficialistas se aprobó el Acta de Renegociación Integral (ARI) entre el Gobierno y EDET, que permite incrementos de la tarifa, ahora –como en Buenos Aires el gobernador Scioli lo está evaluando– podría impedir el aumento de la empresa, que al dejar de recibir subsidios de la Nación, traslada sus costos a los usuarios.
Si el Gobernador hace –como él mismo dice- lo que escucha pedir al pueblo, como ser reelegido nuevamente, motivo por el que se abocará a reformar la Constitución en 2010, es posible que escuche el pedido de los usuarios. Aunque hasta hoy no haya oído el justo y legal reclamo de los jubilados por el 82%, su intervención es necesaria, no ya para bajar el costo de la electricidad, porque él dice que la solución no está en sus manos, sino para evitar abusos.