El artículo 90 de la Constitución de 2006 habilita la reelección por un solo periodo consecutivo. Pero el 159 no considera el período 2003/2007 como el primero (toma por tal al período 2007/2011) y, en consecuencia, le otorga a José Alperovich el privilegio de contar con dos reelecciones consecutivas.
Como teme que esa selectiva dispensa sea descalificada por la Justicia por violatoria del derecho a la igualdad de trato y de oportunidades garantizado por la Constitución nacional (artículo 75, inciso 23), dice que confía en que el pueblo, y no los jueces, decida la posibilidad de su continuidad como gobernador. Su gesto es democrático sólo en apariencia.
La reforma de 2006, que él monitoreó personalmente desde su casa, importó vulnerar los presupuestos procedimentales y sustanciales mínimos de la democracia, tal como surgen impuestos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
La reelección indefinida que ahora auspicia el oficialismo, planteada sobre los despojos de la democracia republicana normativamente ultrajada hace dos años, se da en medio de una sociedad que no está exenta del temor y de la miseria. Por eso mismo, es una tergiversación vulgar y cruel del sistema democrático.
El sistema asistencialista de planes sociales, del que dependen medio millón de tucumanos para sobrevivir, vulnera el derecho político de los ciudadanos de votar y ser elegidos en elecciones libres, tal como fija el Pacto de San José de Costa Rica. Y en este marco, los funcionarios que sean candidatos quedaron liberados, con la última enmienda, de pedir licencia.
La próxima reforma que impulsa este Gobierno nos coloca en la senda del “juarismo” santiagueño.
Dr. Luis Iriarte, constitucionalista y docente de la UNT.
Publicado en la Sección “Punto de Vista” de “La Gaceta” del 21-01-2009
La reforma de 2006, que él monitoreó personalmente desde su casa, importó vulnerar los presupuestos procedimentales y sustanciales mínimos de la democracia, tal como surgen impuestos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
La reelección indefinida que ahora auspicia el oficialismo, planteada sobre los despojos de la democracia republicana normativamente ultrajada hace dos años, se da en medio de una sociedad que no está exenta del temor y de la miseria. Por eso mismo, es una tergiversación vulgar y cruel del sistema democrático.
El sistema asistencialista de planes sociales, del que dependen medio millón de tucumanos para sobrevivir, vulnera el derecho político de los ciudadanos de votar y ser elegidos en elecciones libres, tal como fija el Pacto de San José de Costa Rica. Y en este marco, los funcionarios que sean candidatos quedaron liberados, con la última enmienda, de pedir licencia.
La próxima reforma que impulsa este Gobierno nos coloca en la senda del “juarismo” santiagueño.
Dr. Luis Iriarte, constitucionalista y docente de la UNT.
Publicado en la Sección “Punto de Vista” de “La Gaceta” del 21-01-2009